El gobierno argentino expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reunida en Washington los principales ejes de su programa de reforma judicial Justicia 2020
El coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otra parte, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos, de libertad de expresión y de migraciones.
Gil Lavedra expresó que Justicia 2020 nació de una importante demanda social que exigía mejores respuestas de parte de las instituciones judiciales: “La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”, expresó.
En ese sentido el coordinador del Programa señaló que Justicia 2020 ha incorporado técnicas de Gobierno Abierto al diseño de políticas públicas en materia de Justicia: “Las discusiones se dan a través de una plataforma digital que generó un proceso participativo inédito, puesto que congrega aportes de instituciones gubernamentales, operadores judiciales, asociaciones civiles, ciudadanos y ONG”.
“Las reformas de la Justicia no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados, siempre son para los ciudadanos”, añadió Gil Lavedra.
“Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina. Hay un compromiso asumido por el presidente (Mauricio Macri) de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”, destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien encabezó la delegación del Estado argentino.
De la audiencia, que se realizó en Washington, participaron además el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura jujeña.
En tanto, las organizaciones peticionantes y solicitantes de la audiencia ante la CIDH fueron el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea, La Esperanza) y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), además del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
“Acá hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien denunció un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es represión y violencia”.
En respuesta a ese planteo del CELS, Avruj ratificó que “no hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos” e insistió con que “somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”.
Entre otros reclamos, los peticionantes plantearon que “se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales”, que se “condena a las organizaciones sociales que protestan y se suspenden sus derechos civiles y democráticos” y que el código contravencional aprobado en la provincia “vulnera el derecho a la protesta social”.
En defensa de la postura oficial, el fiscal Miranda sostuvo que en Jujuy “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.
Además, el Estado nacional defendió ante la Comisión su política migratoria, y afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó aspectos de la Ley de Migraciones busca garantizar la “regularidad migratoria” y no es “contra los migrantes irregulares”.
“Nosotros trabajamos sobre la regularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares”, dijo el Estado nacional durante la audiencia representado por Avruj, y el director y vicedirector de Migraciones, Horacio García y Julián Curi, respectivamente.
Organizaciones de la sociedad civil habían acudido a la CIDH para reclamar por el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”.
A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de “48 mil migrantes”.
Además, según explicó Avruj, el DNU en cuestión “asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales”, sólo que “enfocándose en el cumplimiento de las leyes”.
Por su parte, el director general de Migraciones, Horacio García, indicó que, a futuro, serán abiertas cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires -el distrito que recibe la mayor afluencia de migrantes- para contribuir a la regularización, y señaló a esa medida como una muestra del espíritu “abierto” de la política oficial de migraciones, mientras que en el resto del mundo “las fronteras se cierran”.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que expusieron ante la CIDH recordaron que los inmigrantes que son parte de la población carcelaria se mantuvieron en los niveles de los últimos diez años, entre un 5 y un 6 por ciento, la mayoría por delitos leves.
“Atribuyen a los inmigrantes la responsabilidad sobre la inseguridad”, dijo uno de los expositores de las OSC en representación de los inmigrantes, y señaló que el decreto “persigue, y criminaliza a los inmigrantes”, generando “racismo institucional”.
Incluso, plantearon que usan a los inmigrantes “como excusa a políticas ineficientes”, y convierten las fronteras en “trincheras”.
Avruj explicó que el Estado trabaja para “mejorar los controles en la frontera e impedir la permanencia de quienes la hayan violado”, algo que, aclaró, “es estado de derecho, y no persecución de migrantes”.
Finalmente, desde la CIDH, se hizo hincapié en una “preocupación” que “va más allá de Argentina”, y que tiene que ver con asociar al “migrante con la delincuencia”, lo que contribuye a la “estigmatización o xenofobia”.
