EL Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer un documento en el que analiza el actual servicio de Justicia bonaerense y propone soluciones para lograr un mejoramiento conjunto.
El Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, Dr. Adrián R. Lamacchia, quien es además Consejero Titular en el Colegio Provincial, resumió el contenido del documento; “allí sostenemos y reiteramos la opinión crítica sobre el deficiente funcionamiento del servicio de Justicia en la Provincia, el objeto de esta declaración es destacar algunos aspectos que deberían formar parte de un análisis global, advirtiendo que resultaría contraproducente cualquier solución parcial que se realice”, comenzó diciendo el Dr. Lamacchia.
El Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores continuó mencionando otros de los aspectos importantes de la declaración, “los conflictos salariales han producido, por ejemplo en el año 2016, la cantidad de 84 días de paralización en la justicia bonaerense, cualquier solución que quiera proyectarse deberá ante todo superar este problema sin perjuicio de los derechos reclamados por los trabajadores, consideramos que debe existir un mecanismo legal que evite la paralización judicial y la gran cantidad de daños que ella produce”.
La declaración cuenta con distintos puntos que se sintetizan a continuación.
Sobre autonomía y presupuesto, se establece que el Poder Judicial necesita, para garantizar su independencia, desarrollar su labor en iguales condiciones que los otros poderes del Estado, con el respaldo de un presupuesto eficientemente propuesto y correctamente administrado por la Suprema Corte, requisito básico para afrontar muchos de los problemas evidenciados.
Con respecto a infraestructura y política edilicia, se establece que el Colegio se ve obligado a destacar el incumplimiento parcial de la Ley de Emergencia Edilicia y del Plan aprobado en consecuencia, lo cual no ha contribuido en los hechos a mejorar la situación general.
En el ínterin, a la espera de los fondos, se toman decisiones transitorias, como por ejemplo se locan inmuebles absolutamente inadecuados para los fines que se persiguen, se pagan alquileres elevados y en ocasiones exorbitantes por inmuebles que demandan importantes erogaciones para su adaptación, se ocupan algunos pertenecientes a los Municipios y luego, al momento de ser necesarias las reparaciones o mejoras, no hay quien las lleve adelante. Se dispersan los órganos jurisdiccionales, afectándose no sólo la eficiencia y economía de gestión, sino también obligando a justiciables y sobre todo a los abogados a peregrinar por distintos lugares para poder realizar su labor.
Se considera indispensable la confección de un cronograma concreto de progreso de obras, con miras a la solución definitiva de la situación de infraestructura.
Otro de los temas tratados en el documento es el control de gestión y recursos humanos, en este rubro, el Colegio de Abogados de la Provincia, sostiene la conveniencia de realizar un verdadero control de gestión sobre la labor de los órganos pertenecientes al Poder Judicial, el que debiera ser concretado con participación expresa del Colegio de Abogados, y funcionar en cada uno de los Departamentos Judiciales.
Sobre el sistema informático, se afirma que se ha avanzado en este aspecto en los últimos años. Es firme y decidido el camino hacia el expediente digital y las conexiones electrónicas, indispensables para agilizar y dar seguridad a los trámites.
Es una necesidad imperiosa avanzar hacia la total implementación del sistema y su obligatoriedad, superando las dificultades que provoca la coexistencia actual y entrar definitivamente en la era del expediente digital, se destaca.
La declaración también aborda el tema de selección de Magistrados, manifestando que ya se ha expresado su preocupación por la composición del Consejo de la Magistratura, en tanto no respeta el equilibrio que establece la Constitución Provincial; debe ser materia de análisis el resto del proceso de selección, especialmente el sistema de exámenes, la obligatoriedad y la igualdad de acceso a la Escuela Judicial, los informes de los estamentos, la prueba psicológica, entre otros.
Además, se remarca que debe atenderse con urgencia la puesta en funcionamiento de un procedimiento ágil de cobertura de vacantes, que no exceda de un plazo corto y razonable a fijarse
Sobre la situación del personal, se manifiesta que es imprescindible que se adopten soluciones permanentes para las situaciones de emergencia que recurrentemente suelen presentarse, tal como acontece con las huelgas de los empleados, no puede admitirse que el Estado de Derecho quede paralizado por un problema salarial o de índole similar, lo que, obviamente, no implica evaluar la legitimidad de las reivindicaciones o reclamos que pudieran impulsar los trabajadores; empero sí, que requiere una solución para abordar la emergencia que existe en la actualidad.
Se aborda también la Ley de Enjuiciamiento, sobre ella se manifiesta que debe perseguirse la sanción de una ley superadora que garantice un procedimiento transparente, ágil e independiente, como está planteado en la actualidad se trata de un sistema ineficaz, burocrático e inconstitucional en varios aspectos. Es necesario, establece el documento, contar con un procedimiento veloz y que dote a los jurados de las herramientas necesarias para facilitar su cometido.
Se hace mención también a la situación de las Asesorías Periciales y Peritos de lista, la situación de estos auxiliares es a la fecha desesperante. Existe una escasa cantidad de profesionales para atender todas las consultas, con el consecuente retraso de los procesos y en muchos casos el aumento de costos por tener que trasladarse ante la ausencia de peritos de la especialidad en el Departamento Judicial.
Distinta es la situación de los peritos de lista. En este caso se considera que debe proponerse un cambio total del sistema mediante una ley que regule uniformemente la inscripción, la forma de la remuneración, la protección de la percepción, el control general del sistema, el control disciplinario, entre otros temas.
En otro de los puntos del comunicado, se expresa que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha entendido necesario, en estos momentos en que por diversos motivos se formulan cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, elaborar un Código de Ética que se aplique específicamente en ese ámbito (para Magistrados y Funcionarios). Estima que su contribución puede resultar útil, no sólo como elemento idóneo para superar una época caracterizada por el descreimiento público, sino también -sobre todo-, para que ese servicio se convierta, a través de sus logros, en un punto de partida fundamental para afianzar la paz social.
Por esta razón el Colegio ha elaborado un proyecto de ley que ha sido remitido para su conocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, se analiza la posible reforma de los Códigos Procesales, tanto Civil y Comercial como Penal, “nos inclinamos por abordar soluciones integrales en desmedro de medidas aisladas que no consiguen efectivamente el salto de calidad en el servicio que todos pretendemos y reclamamos” establece el comunicado.
“Este Colegio de Abogados Provincial y todos los Colegios de Abogados Departamentales ponen su fuerza de trabajo a disposición de las autoridades para emprender este complejo camino, deseando que ocurra a la brevedad”, se finaliza.
El Dr. Lamacchia agregó que todo lo expresado en el comunicado del Colegio de Abogados de la Provincia, tiene como objetivo dar a conocer la posición
institucional y tratar de buscar soluciones en conjunto para lograr una mejor calidad en el servicio de Justicia.
