El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que la posición del Gobierno respecto al tema es que “hay una situación en la franja de los 15 años” que “debe ser abordada abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”.
“Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, dijo Garavano a radio Nacional.
El funcionario agregó que la idea es comenzar “una discusión seria” durante el 2017, pero recomendó que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones” legislativas.
En cuanto a que el proyecto de ley considere una baja en la edad de imputabilidad de menores, Garavano reconoció que “la gente de Unicef no coincide” con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también “estará sobre la mesa de discusión” de la norma.
El Fondo de de las Naciones Unidas para la Infancia indicó la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero se pronunció contra bajar la edad de imputabilidad al considerar que se daría “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando estándares internacionales.
“La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar”, dijo a Télam la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.
Pero la funcionaria de este organismo internacional que vela por los derechos de los niños y adolescentes destacó que la posición de Unicef es contraria a disminuir la edad de imputabilidad. “Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”, dijo Misuraca.
Garavano reveló que su cartera ya trabaja con Unicef, así como con jueces y expertos, sobre el abordaje de un nuevo régimen penal juvenil, y asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la “reinserción escolar y laboral”.
Reconoció también que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15 años.
“Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención”, indicó Garavano, y recordó que cuando trabajó en juzgados de menores recibió la visita de un juez de California, Estados Unidos, al que le llamó la atención que estos juzgados de menores “estén siempre en el sótano o en la terraza” de los tribunales.
Según dijo, este lugar que ocupan físicamente también da cuenta de que “falta que sea una prioridad”.
Un relevamiento realizado con Unicef en 2015 determinó que hay 871 menores de 16 años privados de su libertad, sobre un total de 1.305 que incluyen jóvenes de 18, 19 y 20 años.
La representante de Unicef remarcó que “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal”, respetando con esto también la Convención Internacional de los Derechos el Niño, que, además, en la Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.
De todos modos, Misuraca informó que Unicef trabaja codo a codo con el Ministerio de Justicia y también con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y lo seguirá haciendo este año, para poder llegar a un proyecto de reforma que tenga en cuenta las convenciones internacionales, y pueda alcanzar estado parlamentario en el 2018.
