Hubo reunión entre parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
Diputados y senadores mendocinos que integran las comisiones de Educación y Desarrollo Social pidieron al Arzobispo de Mendoza que se implemente un registro de monjas y curas en el que conste un examen psíquico y psiquiátrico, y se realice un seguimiento de su labor en los distintos organismos en los que se desempeñan.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que “nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro”, en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta.
El encuentro tuvo lugar por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
“Esa antigua praxis de trasladar el mal de un lugar a otro… nunca más”, aseguró el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis.
Hace dos semanas, la denuncia de una víctima sorda llegó a oídos de una legisladora provincial, quien la acercó a la justicia, tras lo cual se logró la inmediata detención del sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), quien también es sordo como los alumnos y el jardinero Armando Gómez (46 años), todos imputados por los delitos de “abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores”.
Según confirmó el Procurador de la Corte Suprema, Alejandro Gullé, “ya son 22 las víctimas detectadas, alguna de las cuales estamos tratando de que vengan a ratificar la denuncia”.
Asimismo, Gullé confirmó que en un allanamiento realizado el último sábado en la habitación de Corradi secuestraron material gráfico pornográfico y 550.000 pesos en efectivo.
El fiscal Fabricio Sidoti detalló a la prensa que las victimas “denunciaron abuso sexual agravado con acceso carnal y sexo oral”, y en los relatos “dijeron que los llevaban a la `Casa de Dios´, los metían para atrás en un lugar ubicado en el fondo del instituto donde otras víctimas podían ver a través de la rendija de una puerta lo que pasaba”.
En diálogo con Télam, la diputada Beatríz Varela (UCR), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, dijo este mediodía que la reunión de hoy “fue positiva” dado que “planteamos distintas dudas y llegamos a diferentes acuerdos como el compromiso de destinar ayuda y recursos para las familias y los niños perjudicados por estos vejámenes”.
Tras la reunión mantenida a puertas cerradas, el vocero del Arzobispado aseguró que “no hay en Mendoza ningún sacerdote que esté ejerciendo y que tenga una causa penal”, y acerca de las medidas ordenadas por el Vaticano dijo que “se les suspendió la licencia ministerial, no hay más actividad pastoral en el Instituto y se ha conformado una comisión de seguimiento”.
Varela afirmó que Franzini mencionó a la Fundación Accionar, entidad sin fines de lucro que trabaja por la protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, como la posible encargada de brindar la ayuda necesaria a las víctimas.
Sobre el futuro del Instituto Próvolo, el Arzobispado informó que su futuro dependerá de lo “qué resuelve la Justicia y la Dirección General de Escuelas (DGE)”.
Los legisladores mendocinos aguardan una próxima reunión con las autoridades del Instituto para niños Hipoacúsicos y la DGE, y que el Arzobispado les envíe la propuesta de implementación del futuro registro de curas y monjas.
Los abusos detectados en el Instituto Próvolo develaron la existencia de hechos similares en la subsede que tiene esa institución en la ciudad bonaerense de La Plata, lo que llevó a la justicia a tomar contacto con sus pares platenses mediante el envío de una compulsa penal para que se abra allí una investigación.
El fiscal Fabricio Sidoti y personal de la oficina Fiscal 15 de Luján de Cuyo actúan en el caso, en tanto el gobierno de Mendoza intervino el instituto para sordomudos donde había chicos que asistían durante el día y otros que pernoctaban allí bajo el cuidado de los religiosos.
