EL TITULAR DE LA ENTIDAD, ARIEL COHEN SABBAN, PIDIÓ AL JUEZ RAFECAS SER ACEPTADO COMO QUERELLANTE Y REABRIR LA DENUNCIA POR SUPUESTO ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO A LA AMIA REALIZADA POR EL FALLECIDO FISCAL FEDERAL ALBERTO NISMAN CONTRA LA EX PRESIDENTA.
Como se había anunciado desde el organismo que agrupa a asociaciones de la comunidad judía argentina, la presentación fue hecha ante el juez federal Daniel Rafecas por el titular de DAIA, Ariel Cohen Sabban, para que se reabra, reactive y continúe el trámite la denuncia.
“La presente causa debe reabrirse, reactivarse y continuar su trámite”, sostuvo la DAIA en el escrito de 20 carillas al que accedió a la agencia Télam y en el que sostuvo que hay elementos nuevos que no fueron tenidos en cuenta cuando se desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”.
En el escrito se aludió a dos nuevos hechos: una causa judicial contra el ex canciller Héctor Timerman, quien habría estado al tanto de la culpa de Irán en el atentado mientras negociaba con ese país la firma del memorándum.
Y en segundo lugar se mencionó que la declaración de inconstitucionalidad de ese pacto en la Justicia quedó firme.
“Apareció un elemento esencial que probaría el conocimiento que tenia Timerman respecto de la identidad de los responsables del atentado terrorista más sangriento y devastador de la historia argentina, habiendo sido el funcionario que tuvo un rol preponderante en el acuerdo de entendimiento celebrado”, advirtió la DAIA.
Sostuvo además que “al momento de la desestimación de la denuncia” que resolvió Rafecas ” aún no había adquirido firmeza la inconstitucionalidad del “Memorándum de Entendimiento”, circunstancia que también inevitablemente debe valorarse como un nuevo elemento”.
La DAIA pidió ser tenida como parte querellante, lo que la habilitaría a pedir medidas de prueba, apelar decisiones y acceder al expediente y también que al reactivar la causa se ordenen las pruebas pedidas por el fiscal federal Gerardo Policita al impulsar la investigación.
El organismo pidió al juez que de vista a la fiscalía del caso, a cargo de Gerardo Policita, para que dictamine sobre su pedido para ser querellante.
En enero de 2015, pocos días antes de morir, el fiscal Nisman denunció a la ex presidenta Kirchner, a Timerman, al piquetero Luis D Elia, al líder de Quebracho Fernando Esteche, al diputado camporista Andrés Larroque, entre otros, por encubrimiento del atentado del 18 de julio de 1994.
“Por otra parte, la investigación deberá también determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se contarían con elementos que permitirían colegir que no resultan ajenos a la maniobra denunciada en la presente, entre los que cabe mencionar al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Arq. Julio De Vido”, agregó la DAIA.
Nisman radicó su denuncia en base al entramado que precedió a la firma del memorandum de entendimiento con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Justicia.
En la denuncia se sostuvo que el objetivo del memorándum fue lograr impunidad para los ciudadanos iraníes que tienen captura internacional por el ataque que causó 85 muertos en Pasteur 633 el 18 de julio de 1994 y dar de baja las circulares rojas de Interpol.
Al impulsar la investigación, el fiscal Policita enmarcó los delitos en posible “encubrimiento agravado”, “impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“De confirmarse la hipótesis relativa a que funcionarios nacionales pretendieron encubrir el atentado terrorista más grave de la historia argentina, nos encontraríamos ante una de las causas judiciales más grandes y de mayor gravedad que puedan existir en nuestros tribunales, por lo que la investigación de la presente requiere extremar todas las medidas de prueba posibles a fin de pretender arribar a su esclarecimiento”, sostuvo el escrito.
Y se advirtió que “no puede haber razón técnica ni limitación jurídica que suprima el deber del Estado en establecer la verdad y consagrar la justicia para hechos de tamaña gravedad”.
“Contando (Rafecas) con el requerimiento fiscal de instrucción donde se solicitaron medidas de prueba, en un Estado que se jacta de ser respetuoso de la Constitución y los derechos humanos, cuanto menos se espera que lleve adelante una pesquisa que deseche o corrobore” la denuncia, se concluyó.
Rafecas tendrá que decidir si acepta el planteo de la DAIA y la toma como querellante, en una decisión que podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
