El Frente Renovador avanzó en la presentación de un proyecto de ley del diputado Pablo Garate, para que el gobierno de María Eugenia Vidal proceda a la intervención del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Además, la iniciativa contempla la creación una Comisión Bicameral Investigadora y de Seguimiento y Control de Gestión desde la Legislatura provincial.
proyecto de Ley intervencion IOMA + Bicameral
Luego de conocerse denuncias a la justicia por empleados y profesionales de la obra social que describen un mecanismo aceitado entre empresas prestadoras de servicios y la falta de controles, desde el bloque massista consideran que será primordial que el Ejecutivo provincial avance con la intervención del organismo.
En ese sentido, Garate aseguró que “el gobierno de Daniel Scioli dejó una deuda con el IOMA de 2.600 millones de pesos. De ahí la sospecha de que se habrían cometido serias irregularidades sobre todo en concepto de sobreprecios”.
“Cabe destacar que integran el actual Directorio representantes de los gremios que habrían convalidado los hechos que se denuncian en la justicia. Para poder separar a esos funcionarios, la única manera es la intervención”, enfatizó el diputado del Frente Renovador y completó: “Ya han pasado 100 días del cambio de gobierno y hay hechos demostrados que determinan rápidamente los motivos de una intervención, como la que autorizamos a realizar mediante este proyecto”.
Sobre los hechos denunciados que requieren una pronta investigación, Garate recordó que “medios periodísticos han dado cuenta recientemente de que existirían intentos de parte de autoridades del IOMA de eliminar unas 4000 cajas con documentación muy valiosa relacionada a negociados realizados con medicamentos oncológicos de alto costo y recetas truchas”.
“Se trataría de información que podría comprometer a dirigentes que forman parte de la conducción de gremios que tienen por Ley participación en el Directorio de la entidad, y que llamativamente han aceptado una oferta salarial del 15%, muy por debajo de la inflación real. Por ello, cumplir con lo aquí solicitado también permite dejar de lado los rumores y trascendidos que dan cuenta de un posible pacto con los gremios en el sentido de haber aceptado un exiguo aumento salarial a cambio de impunidad”, advirtió el diputado de Tres Arroyos.
El proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados dispone que el Interventor del organismo deberá ser designado por el gobierno provincial y tendrá las facultades y deberes del Presidente y Directorio. La norma también obliga a contratar una Auditoría Externa de gestión y de corte para saber el estado real en que se encuentra la obra social y realizar los sumarios administrativos disciplinarios pertinentes.
Por otra parte, indica que se deberá conformar una Comisión Bicameral con equipos técnicos interdisciplinarios para realizar los estudios e investigaciones sobre irregularidades y hechos de corrupción que habrían ocurrido en el IOMA e identificar a los funcionarios, empleados o actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esas acciones irregulares.
Asimismo, la Bicameral se encargará de hacer un seguimiento y control de gestión pudiendo aconsejar a la Intervención la toma de medidas y acciones con el fin de mejorar y optimizar la gestión de la obra social.
“El objetivo no es sólo investigar las irregularidades, sino también sugerir medidas y acciones para que el IOMA funcione plenamente en beneficio de todos los empleados públicos en actividad y jubilados”, señaló Garate.
Y recalcó que: “la Comisión deberá, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia por lo que se le fija un plazo de 180 para realizar la tarea de investigación de las presuntas irregularidades o hechos de corrupción y publicar el correspondiente informe. Una vez cumplido ese lapso y cometido, la Bicameral realizará las tareas que correspondan de seguimiento y control de gestión mientras dure la Intervención”.
“La Comisión podrá requerir a todos los funcionarios del IOMA que le brinden informes, datos y documentos. Los funcionarios están obligados a proveerlos. También podrá solicitar informes, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”, agregó el legislador massista.
