El ex presidente comenzó a declarar ante el Tribunal Oral 6 en el juicio que se lleva adelante por la represión de diciembre de 2001 en la Ciudad y por la que se encuentran imputados el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex comisario General de la Policía Federal Rubén Santos.
De La Rúa inició su exposición a las 11.30 luego de ser repudiado por los sobrevivientes y familiares de las víctimas del accionar de las Fuerzas de Seguridad aquellos días y que terminó con la renuncia del ex presidente, quienes vistiendo remeras con la inscripción “los caídos viven en nuestra lucha” apuntaron contra el ex primer mandatario gritándole “asesino”.
“El 20 de diciembre fue un día critico para las instituciones, para el país y para mi vida”, dijo De La Rúa y afirmó que se enteró de las muertes en la Ciudad recién cuando el por entonces secretario de Seguridad se los confirmo telefónicamente “en horas de la tarde”.
Dijo también que se puso en contacto con la jueza federal María Servini de Cubría durante la mañana de ese día, luego de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Ramón Mestre; con el ministro de Justicia y hermano suyo, Jorge De La Rúa; y con el jefe de Gabinete, Christian Colombo.
En ese sentido, el ex presidente aseguró que durante el encuentro, Mestre le informó la situación de la noche anterior y subrayó que en esas jornadas sus funcionarios “siguieron las instrucciones” de la magistrada.
Luego de dos horas de declaración, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.
De la Rúa declara como testigo y no figura entre los acusados dado que el juez federal Claudio Bonadío lo desprocesó en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró ese criterio asegurando que carecía de conocimiento exacto sobre la situación creada.
En esa oportunidad, la única disidencia fue la del camarista Horacio Cattani, quien puso en duda que el entonces presidente no estuviera anoticiado de lo que estaba ocurriendo tras su decreto, pero a fines del 2012 Casación confirmó el desprocesamiento.
Luego fue apelado ante la Corte Suprema por el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el juicio oral de esta causa y en mayo de este año, ese tribunal ratificó el sobreseimiento.
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