
Diputados de diversos bloques de la oposición denunciaron este jueves en una audiencia pública que el Gobierno “oculta” datos sobre la pobreza y exigieron la normalización del INDEC.
El encuentro fue convocado por la vicepresidenta segunda de la Cámara baja y exdirectora de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, Patricia Giménez (UCR).
La legisladora cobista se manifestó “muy preocupada” por el “ocultamiento que hace el oficialismo de los datos sobre pobreza e indigencia”.
“Conocer los índices no es estigmatizar, muy por el contrario. Tener conocimientos objetivos sobre nuestra realidad, nos permite trabajar en ella”, sostuvo Giménez.
La diputada recibió durante el encuentro un informe elaborado por los técnicos del INDEC que se oponen a la intervención por parte del Gobierno nacional, en el que señalaron que “el 25% de la población de la Argentina es pobre”.
Asimismo, según informó durante la audiencia pública la Comisión Técnica de ATE INDEC, los ejercicios de estimación de las tasas de pobreza e indigencia corresponden al 2º semestre del 2014.
Estos cálculos adquieren mayor relevancia frente a la suspensión de la difusión de los datos oficiales correspondientes a esos indicadores, a partir del segundo semestre de 2013. Por ejemplo, el índice de la indigencia actual es del 5,6%, indicaron.
“En algunas regiones como el NEA, la pobreza alcanza al 40% de la población. En otras, como en Cuyo el número ronda el 23%. Todas cifras muy superiores a las que informó la presidenta de la Nación hace apenas algunos días”, remarcó Giménez en alusión a la presentación de Cristina Kirchner en la FAO.
De la audiencia pública también participaron los diputados Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Myriam Bregman (PTS-FIT).
De Gennaro advirtió que “la pobreza es una herramienta de disciplinamiento social; por eso se volvió a intervenir el INDEC, para ocultar la información sobre la realidad. Es una hipocresía lo que dijo la presidenta ante la FAO”.
“Decir que la pobreza es de 5 por ciento, es una decisión política para no legalizar la posibilidad de discutir la realidad de nuestro país”, lamentó el diputado.
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