La iniciativa oficial sufrió cambios durante el plenario en base a propuestas del CELS y Marcelo Sain. La semana que viene obtendría media sanción. La oposición, ausente.
En una reunión vaciada por la oposición, el Frente para la Victoria firmó el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, que contuvo algunas modificaciones y el próximo miércoles obtendría media sanción.
Tras el cuarto intermedio dispuesto desde el mediodía, el oficialismo informó que el texto del Poder Ejecutivo sufrió “cambios importantes” a instancias del CELS de Horacio Verbitsky y del diputado provincial Marcelo Sain, que horas antes expusieron en la comisión.
El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, volvió a lamentar que la discusión “no se haya dado en un marco más plural” debido al faltazo de la oposición, que se reunió en el Salón Illia para consensuar una estrategia propia.
Además, Pichetto recordó que el debate continuará este jueves en la comisión bicameral que controla los servicios de inteligencia, donde podrían surgir nuevas propuestas para contemplar en el recinto en relación a los gastos reservados de estos organismos.
El rionegrino destacó que, con la redacción alcanzada, se logró “clarificar” el rol de los servicios de Inteligencia manteniendo además “el espíritu” de la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, ratificó que el sistema de escuchas telefónicas pasará a manos de la Procuración General, tal como era la intención original.
“Hay que mirar más allá de quienes ocupan los cargos”, argumentó Pichetto ante la prensa, en alusión a las críticas del arco opositor hacia la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
Los cambios
Entre los cambios más importantes, el dictamen clarifica las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia, con cambios en los artículos 2 y 6.
Una de ellas será “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Además, la AFI estará a cargo de “la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”.
Por otra parte y a pedido del CELS, se eliminó el plazo de 72 horas para que los agentes de Inteligencia informen a sus superiores en caso de que deban actuar “de urgencia”, sin requerir autorización.
Por último, se agregó un párrafo al artículo 23, adelantado por Pichetto, que establece que hasta que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias correspondientes, los gastos de la AFI y de la Dirección de Informaciones Judiciales serán atendidos con los créditos presupuestarios previstos para la SI para este año.
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