Con la presencia del secretario Carlos Zannini y las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia, se desarrolló el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Hubo críticas a la oposición por no haber asistido.
Como parte del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, se desarrolló en el Salón Azul de la Cámara alta un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del kirchnerista Marcelo Fuentes, y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige el oficialista Pedro Guastavino.
La reunión se inició poco antes de las 14.30 con las presencias del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente. A las 15.50 el plenario pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11.
En su exposición, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, pidió sancionar “una ley que ayude a tener una Inteligencia al servicio de la democracia en Argentina” y se mostró “abierto a propuestas para mejorar el texto” de la norma. En ese sentido y aludiendo a la ausencia de legisladores de la oposición, señaló que “a las instituciones se las defiende debatiendo y estando en las instituciones”.
Sobre el proyecto que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI), explicó que se busca establecer “un marco jurídico de toda la actividad de todos los organismos de Inteligencia de Argentina, de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos”.
Sobre este último punto, Parrilli destacó un “avance cualitativo muy importante” ya que “la ley vigente no ponía principios ni limitaciones” y “hablaba en forma genérica de amenazas”.
A su turno, el subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, señaló que el proyecto de ley establece un tope de 25 años para la clasificación de la información. “Además se faculta al PEN para que en cualquier momento, pueda ser desclasificada información antes del plazo”, señaló, atendiendo a “un reclamo histórico de las organizaciones civiles”.
El funcionario señaló que los organismos de inteligencia se enmarcarán en la ley 25326 de datos personales. En el proyecto de ley se incorporan normas que restringen más aún la utilización de datos personales por parte de la nueva Agencia Federal de Inteligencia.
Con respecto a las modificaciones de las penas, Mena señaló que se incrementan para el caso de intercepción de comunicaciones, elevándola a entre 3 y 10 años, de los 2 actuales. También las penas previstas para la omisión de destruir material, aquel funcionario estaba alcanzado por penas de 3 meses a un año, y ahora será de 2 a 6 años de prisión.
Por último se crean dos tipos penales: las actividades de inteligencia no autorizadas, previendo una pena de 6 meses a 3 años, con inhabilitación especial; y un castigo a las actividades de inteligencia prohibidas, que tendrán de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación.
A su turno, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, detalló que de los 53 artículos de la norma original, se modifica alrededor de un 43% de la misma, lo cual explicó que “no destruimos lo viejo, sino lo mejoramos”. Aseguró que “nos proponemos mejorar sin modificar sustancialmente el sistema de inteligencia, achicando y especializando el órgano rector de la inteligencia nacional”.
Justificó que el tema de las escuchas telefónicas pase al Ministerio Público y si bien reconoció como válido el pedido de que se encargue la Corte Suprema, explicó que eso no es posible porque traería problemas para el caso de que el máximo tribunal tuviera que participar en las causas.
Luego reprochó la ausencia de los representantes de la oposición en el plenario, pero hizo votos porque “participen en el recinto y traten de enriquecer la norma”.
Durante el debate en el plenario, el senador Juan Manuel Abal Medina recordó que la norma vigente se aprobó en 2001 y preguntó si entonces el cambio surgió de la oposición, que era el peronismo, o fue del Ejecutivo, y cuestionó de paso la ausencia de la oposición actual. Zannini le contó que entonces se buscó modificar lo que era la ley de la dictadura. “Hubo trabajo de muchos partidos”, aclaró. La norma fue impulsada entonces por el presidente Fernando de la Rúa, pero como en el Senado la mayoría peronista “asistió al proyecto de la Alianza para tratar de mejorarlo”.
El senador Miguel Pichetto hizo referencia a la cuestión de los fondos, señalando que debería tenerse en cuenta la remisión de fondos al Ministerio Público por el traslado de la “Ojota”. “Tiene que quedar incorporado en el dictamen”, señaló el funcionario y así se estableció que proceda.
Al hablar Pablo González, cargó contra la oposición, a la que irónicamente se refirió diciendo que “está en un ‘focus group’ en el salón de al lado”, no obstante lo cual pidió incorporar como antecedentes proyectos de ley presentados en su momento por representantes de la oposición. Allí hicieron hincapié en normas impulsadas por los senadores Morandini, Juez, Giustiniani y Odarda que hacen referencia a la autonomía de la Dirección de Observaciones Judiciales.
El proyecto
El proyecto de ley disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En las disposiciones complementarias, se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI, con la excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como “Ojota”), que pasará a manos de la Procuración General.
También serán transferidas a esta agencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que no necesitará para removerlo, según se desprende del artículo ocho.
De conseguir aval, el director de la AFI tendrá rango de ministro y el subdirector general será secretario de Estado.
Por otra parte, la iniciativa oficial también promueve “criterios de transparencia” para el ingreso del personal a la AFI y busca “fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes”. Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
“Las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”, indica.
Así, la misión de la AFI será defender a la Nación ante “amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, delitos económicos y financieros”.
En tanto, los agentes de inteligencia que “infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas (…) incurrirán en irresponsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal”, y no podrán alegar obediencia debida para deslindar su responsabilidad.
Los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de lo contrario serán sancionados.
En el artículo 12, se señala que el PEN podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información en un plazo no menor a 25 años.
Los archivos de inteligencia se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: “estrictamente secreto y confidencial”, “secreto”, “confidencial”, “reservado” y “público”.
Además, se crea un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, y quienes accedan a esa información deberán guardar “el más estricto secreto y confidencialidad”.
Esa base de datos estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida mediante tareas de inteligencia”.
Habrá prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo para los agentes que “indebidamente interceptaren, captaren o desviaren” comunicaciones e información. También se establecen penas para quienes omitan destruir o borrar el material teniendo orden judicial.
Por último, la AFI deberá someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
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