Al menos seis municipios (Azul, Villa Gesell, Nueve de Julio, Guaminí Tapalqué y Gral. Guido) de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires ya declararon la emergencia económica y muchos otros empezaron a tomar distintas medidas para recortar los gastos en un contexto complejo y con la preocupación de afrontar en el cierre de año el pago de salarios y aguinaldos.
Las medidas incluyen congelamiento de salarios, eliminación de horas extra, recorte de haberes de funcionarios, suspensión de viáticos, restricción de compras y reducción de partidas no esenciales, entre otras.
La recesión, la caída de la recaudación por morosidad en el pago tasas y el desplome de los fondos que llegan y la deuda que Nación mantiene con la Provincia por más de 12 billones de pesos repercutiendo de modo directo en la merma de los recursos de coparticipación, activaron las alarmas.
Azul fue el primer municipio en declarar la emergencia económica, financiera y administrativa. Allí se congelaron salarios, se recortaron haberes de funcionarios un 15%, se suspendieron viáticos y se restringieron compras y contrataciones. No obstante, arrastra un déficit superior a los 3.000 millones de pesos.
Villa Gesell siguió el mismo camino en abril, cuando el intendente Gustavo Barrera decretó la emergencia en medio de lo que definió como “asfixia económica del Gobierno Nacional”.
En Nueve de Julio, la jefa comunal María José Gentile tomó la misma decisión en julio, agravada por los daños de las inundaciones. Y Guaminí, Tapalqué y General Guido también implementaron medidas extraordinarias como congelamiento de horas extra, recortes del 10% en salarios políticos y revisión estricta de gastos corrientes.
Otros municipios atraviesan situaciones igualmente críticas. En Rauch se registran déficits operativos persistentes, mientras que en General Madariaga el intendente Carlos Esteban Santoro avanzó en recortes salariales y en la reducción de partidas no esenciales.
Saavedra-Pigüé aplicó una rebaja del 13% a trabajadores y funcionarios, y Adolfo Alsina debió autorizar un descubierto bancario de más de 1.000 millones de pesos para garantizar los salarios.
En Ramallo, el intendente Mauro Poletti pidió una prórroga para presentar el Presupuesto en medio de fuertes dificultades financieras, agravadas por la deuda millonaria que mantiene Ternium Siderar tras judicializar la Tasa de Seguridad e Higiene.
Olavarría también está en alerta por la fuerte caída del sector de la construcción, que afectó de lleno la recaudación del Impuesto a la Piedra, una de sus principales fuentes de ingresos.
El panorama fiscal es tan crítico que la Provincia incluyó una declaración de emergencia económica hasta 2026 en el proyecto de Presupuesto que envió a la Legislatura y presiona para aprobar un endeudamiento por USD 3.035 millones. De ese total, 8% estaría destinado a un fondo de asistencia municipal, clave para sostener el final del año.
En paralelo, el Foro de Intendentes Radicales mantuvo esta semana una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para reclamar el pago de deudas que la Provincia mantiene con los municipios. Exigieron la cancelación de fondos previsionales del IPS, reintegros del IOMA y recursos adeudados por los Juegos Bonaerenses, entre otros compromisos pendientes.
Además, los intendentes plantearon alternativas como anticipos de coparticipación y mecanismos extraordinarios de financiamiento para evitar atrasos en los sueldos de diciembre.
(Fuente: Cronos)
