Fue durante una reunión de la Comisión homónima este jueves. También pasaron a la firma otros cinco proyectos entre pedidos de informes al Ejecutivo y días conmemorativos. Duras críticas al Gobierno por la resolución 187/25 de ANDIS que utilizó términos discriminatorios.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo de Daniel Arroyo (UP), se reunió este jueves y pasó a la firma un proyecto para declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad, junto con otras cinco iniciativas que son pedido de informes y días conmemorativos.
Durante el encuentro, diputados resaltaron la necesidad de debatir proyectos para la capacitación del trato digno y el buen lenguaje hacia las personas con discapacidad a raíz de la polémica resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que establecía na nueva normativa para evaluar la discapacidad intelectual en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, pero que había utilizado términos discriminatorios como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Tras las críticas el Gobierno dio marcha atrás con eso.
Al inicio del encuentro en la Sala 6 del Anexo “A”, Arroyo comentó que los tres objetivos de cara al año legislativo son la declaración de la emergencia en discapacidad porque “es evidente que estamos ante un serio problema de falta de financiamiento de prestaciones, de no acceso a las pensiones por discapacidad de parte de todos aquellos que la están reclamando más un retraso o no pago de cuestiones básicas”.
“La resolución 187 que básicamente tiene varios aspectos, uno muy fuerte es que vuelve atrás con el concepto de pensión por invalidez. Pero, además, se ha incorporado conceptos tan brutales como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’ a las personas con discapacidad. El Gobierno se comprometió a volver atrás con los conceptos”, comentó en segundo luego y por último: “Es el cambio estructural de la ley que regula la situación de las personas con discapacidad. Es una ley que tiene más de 40 años que se hizo en el medio de la dictadura. No es solo que es una ley de la dictadura, sino que es viejísima”.
Al pedir la palabra la diputada Carla Carrizo (DpS) planteó que pasaron “muchas cosas” desde diciembre a la fecha en el área de discapacidad, por sobre todo con el uso del lenguaje. “La palabra es el primer recurso de poder y en Argentina se trabajó mucho para llegar a la Convención de los Derechos Internacionales y no queremos volver atrás”, remarcó.
Carrizo recordó la modificación del CUD para “hacerle más fácil la vida a las personas con discapacidad. Son logros compartidos entre todos, avanzamos un montón. Siempre trabajamos en conjunto y se necesita hacer un monitoreo”, y pidió trabajar por la educación inclusiva porque “es una agenda que quedó pendiente”.
El chaqueño Aldo Leiva (UP) manifestó que “quienes tenemos responsabilidades políticas no podemos mirar para otro lado”. “Si estamos planteando la emergencia es porque estamos viviendo una situación límite en cuanto a las cuestiones vinculadas a la discapacidad”, alertó.
“Esta es una cuestión que no tiene color político, pero si tiene un contenido que va a plasmarse en que todos juntos podamos transmitirle a la Agencia de Discapacidad que hay medidas que no pueden detenerse, no podemos volver al pasado”, expresó y señaló que la cuestión vinculada al transporte “es muy importante, no podemos dejar de elevar nuestra voz”.
Leiva denunció que hay un “estancamiento” para el acceso a nuevas pensiones y se aduce que “hay pensiones que no se otorgaron como corresponde. Está bien que investiguen y que vaya preso quien tenga que ir, pero no se puede generar una parálisis total. El Ejecutivo tiene prorrogado el mandato y la responsabilidad de resolver la cuestión y llamo a la reflexión. Es inhumano que haya pasado un año para que el Gobierno reciba este mensaje. Asistimos a un Gobierno que mira para otro lado en estos temas”.
El vicepresidente de la comisión, el diputado Nicolás Del Caño (FIT), criticó que “se está viviendo un durísimo ajuste, no se están otorgando las pensiones y no se actualizan como deben ser, la actualización del 100% de pensión por hijo con discapacidad, que los trabajadores de prestadores estén registrados y se reconozca su relación laboral, la reincorporación de las personas despedidas de ANDIS. Hay una falta de atención a las personas con discapacidad y. reclamos”.
“El proyecto para avanzar en una declaración de emergencia es urgente. Hay que plantearlo rápido en el recinto. En estos proyectos estamos dando cuenta de esta situación de ciento de miles de personas”, afirmó.
Por el bloque Encuentro Federal el santafecino Esteban Paulon solicitó trabajar en asesores un proyecto para la instauración de capacitación permanente en relación a trato digno y equidad hacia las personas con discapacidad.
“Creo que la resolución que ha generado tanta preocupación y tanta imposibilidad de entender en qué cabeza de qué funcionario entra la utilización de determinados términos que claramente mancillan la dignidad y la integridad de un colectivo tan vulnerable como el colectivo de personas con discapacidad”, cuestionó y planteó: “Nos ha hecho prender una luz de alerta en relación a cómo mejoramos dentro de los equipos del Estado, fuerzas de seguridad, estados provinciales, estados municipales, la capacitación para garantizar”.
Paulon sostuvo que las personas con discapacidad “se enfrentan permanentemente a múltiples barreras. Hay barreras que no son tan visibles y que son barreras relevantes porque pueden significar la diferencia entre acceder a un derecho y no acceder a él y, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad, el Estado tiene que estar muy presente”.
“Estamos en una etapa donde pareciera que el Estado no se tiene que ocupar de nada, pero en este caso no hay dudas de que, sin el acompañamiento del Estado, la representación de la voluntad colectiva de integrar y de construir una sociedad integrada muchas personas quedan afuera”, consideró. Paulon propuso trabajar un paquete de iniciativas para llegar a una sesión especial y abordar el tema.
La radical Natalia Sarapura destacó que dictaminar las iniciativas es “un acto de expresión voluntad política de un grupo de diputados y respuesta legal a la situación que se vive”, y señaló que se “están violentando los instrumentos internacionales de los que Argentina es firmante y no se cumple la obligación del Estado que también generó este Congreso”.
Por el oficialismo se manifestó la diputada Lilia Lemoine quien expresó que “la situación de las personas con discapacidad es difícil por las barreras que tienen para desarrollarse en sociedad, por eso tenemos que integrarlas en el estudio y el trabajo”, por lo cual afirmó: “Queremos aliviar situaciones, integrándolas”. “No hay que tratar a una persona con discapacidad como alguien que no puede hacer nada, sino todo lo contrario”, remarcó.
Lemoine aclaró que este viernes saldrá la resolución para “corregir la barbaridad que salió sobre esa terminología que no se utiliza más, que no fue voluntad nunca del ANDIS. Es un tema complejo, hay dos personas despedidas por esto, no fue voluntario”, aclaró.
