A través de un escrito la Municipalidad de General Lavalle presentó pruebas de una acción que tomó la gestión que gobernaba la comuna hace 20 años para ceder –de manera irregular- un campo de 200 hectáreas con frente a la ruta 11 a la altura de la Lucila del Mar.
Dicha propiedad, se encontraba afectada directamente a los servicios públicos municipales, como figura en los antecedentes del Registro de la Propiedad.
En marzo del año 2003, mediante una mínima ordenanza (919/2003) se autorizó al Departamento Ejecutivo a entregar la misma en parte de pago, a cambio de la obra de cloacas a realizarse.
Lo sospechoso es que no había todavía ni siquiera se había llamado a licitación a esa obra por lo que se entiende se estaba beneficiando a un privado por algo que no había ocurrido hasta el momento.
Recién para mayo de 2003, se procedió a licitar esta obra y resultó adjudicada la firma MADAKI S.A.
Esa misma sociedad es la propietaria del predio donde funciona el basural a cielo abierto en Pavón y la que alquilaba las máquinas para la Municipalidad de General Lavalle.
En febrero del 2011, finalmente se escrituró el bien municipal a favor de la firma MADAKI, por el valor de $400.000. Suma que a la fecha equivale a $3.329.241.10. Destacando que la suma actualizada, se ha tomado con la tasa de interés más elevada.
Las Municipalidades tienen prohibida la venta en forma directa de los bienes, con escasas excepciones. No siendo esa venta una de “esas escasas excepciones”.
Esta operación fue efectuada bajo la modalidad “dación en pago”. Es decir, en vez de entregar el dinero, dar un bien. Otro hecho irregular, pues la dación en pago exclusivamente está autorizada sobre bienes muebles y no sobre inmuebles.
Por último, el valor en tal zona, ronda un mínimo de u$s 3.000 por hectárea calculado al precio estimado que se correspondía con el año 2003. Al evaluar la operación se desprende la entrega de las 200 hectáreas a un valor total de 127.000 dólares cuando el precio real trepa a cerca de 1.000.000 de dólares.
Por ello, se procedió a elevar la denuncia al Honorable Tribunal de Cuentas e intimar a la firma y se enviarán cartas documento para informar sobre una posible acción penal.
