El máximo tribunal denegó las presentaciones que había hecho la vicepresidente para frenar el avance del expediente. Se investiga el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy todos los planteos de la vicepresidente de la Nación Cristina Kirchner en el juicio oral por la obra pública, en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ante los pedidos de la defensa de la ex presidenta de anular el juicio. Así, el juicio -el primero en el que es juzgada la ex presidente- no se modifica y el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 iniciará los alegatos, que es la etapa en la que las partes piden condenas y absoluciones.

En uno de esos recursos, la vice había pedido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Sobre este planteo la Corte denegó la queja “por falta de sentencia definitiva”, al entender que no existe la arbitrariedad planteada por Cristina Kirchner respecto a la prueba impulsada, es decir una pericia sobre cinco obras emblemáticas y no sobre las 51 como ella requería.

“Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores”, indica el acuerdo de la Corte.

Sobre este punto los jueces hicieron una importante salvedad en respuesta al descargo de Cristina Kirchner: “Se descarta la existencia de “gravedad institucional”, señalando que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que puede retomarse en instancias posteriores”.

En respuesta al descargo de la defensa, la Corte desestimó que la decisión del Tribunal de no realizar una pericia sobre todas las licitaciones “se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.

“Las decisiones adoptadas en materia de prueba no constituyen sentencia definitiva”, dijeron los jueces del alto tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para fundar el rechazo sobre la base del acuerdo constitucional de que la Corte es la última y definitiva instancia de revisión de decisiones legales.

También se había cuestionado la intervención de la Sala IV de Casación con el fundamento de que la Sala I habia intervenido en la causa conexa conocida como “Hotesur” y que por lo tanto era el tribunal natural y entonces la Sala IV se constituía en un “tribunal especial” ilegal.

La Corte rechazó este argumento al considerar que los defensores no lograron demostrar este carácter “especial” de la Sala IV: “La defensa no ha demostrado de qué manera esa intervención podría ser considerada como un intento de privar de jurisdicción a los jueces cuya intervención pretende para conferírsela a otros que no la tienen”.

En cuanto a la cosa juzgada que denunció la vicepresidenta, fundada en que la justicia de Santa Cruz intervino en las mismas denuncias y no encontró delito, la Corte tomó lo decidido anteriormente en el sentido de que los funcionarios santacruceños no delimitaron los delitos, casi no produjeron prueba y no hubo participación activa del Ministerio Público Fiscal.

“La defensa no explica mínimamente cómo aquellas resoluciones dictadas por jueces locales efectivamente alcanzaron o estuvieron en condiciones jurídicas de alcanzar a funcionarios federales”, planteó la Corte para fundar su rechazo.

Con estas decisiones procesales, el juicio oral continuará como estaba previsto el próximo 11 de julio, con el inicio de los alegatos de las partes. El Día.

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