La medida tomada por el TOC 5 en fallo dividido beneficia también a sus hijos Máximo y Florencia y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Los investigaban por presunto lavado de activos y negociaciones imcompatibles, entre otros delitos.
El Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó de manera anticipada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces.
En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. El dinero cuestionado proviene de los alquileres que pagaron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas de la entonces familia presidencial.
La decisión del tribunal, que respondió a un pedido de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, fue dos votos contra uno. La jueza Adriana Palliotti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grunberg inclinaron el fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia (pareja de la fiscal Natalia Mercado, otra de las sobrinas de la vice), entre otros.
El Código Procesal Penal admite el sobreseimiento anticipado en casos en los que surja nueva prueba que demuestre la inexistencia de delito, pero este juicio aún tiene dos peritajes pendientes, solicitados por la defensa de Fernández de Kirchner, cuyos resultados aún no han sido entregados. Desde su llegada a la vicepresidencia, este es el tercer caso en el que Fernández de Kirchner consigue que la Justicia anule el juicio pendiente en su contra y la sobreseea de manera anticipada. Ya lo había logrado este año con el caso Dólar Futuro y con Memorandum con Irán.
Los abogados de la vicepresidenta sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no están relacionados con las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según el escrito presentado por la defensa ante el planteo.
El fiscal del juicio, Diego Velazco, se había opuesto a los sobreseimientos anticipados y había solicitado que se permitiera el desarrollo del juicio para determinar luego si los imputados debían ser condenados o absueltos. En un duro escrito, Velazco dijo que el planteo de la defensa implicaba “una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal” y dijo que pretendía una “ficción de juicio”.
Las pruebas de este juicio están atadas al destino del juicio por Vialidad (que debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y a la sentencia del juicio contra Báez por lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”). En el veredicto anunciado en febrero último, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado agravado de activos y los jueces de Tribunal Oral Federal número 2 establecieron en sus argumentos que los US$55 millones fugados y blanqueados por el exsocio de la familia Kirchner fue dinero proveniente de la corrupción.
“La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres. El problema a la hora de sostener la hipótesis delictiva son las causas con sobreseimientos anticipados que se dieron en la Justicia federal a los Kirchner y otros acusados en casos relacionados”, como las tres causas por presunto enriquecimiento ilícito que se cerraron durante el gobierno de Néstor Kirchner y la primera gestión de Fernández de Kirchner. “En algunos de esos expedientes, se dieron por justificados parte de los alquileres ahora cuestionados y la defensa de los Kirchner ahora plantea cosa juzgada” ante el tribunal y ante la Corte, había explicado una fuente del caso.
El caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia también iban a ser enjuiciados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso.
Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa, según el expediente.
La instrucción complementaria del caso también se centraba en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio, a cargo de Diego Velazco, tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo).