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La AJB realizó una presentación al Procurador General solicitando la conformación de una mesa paritaria donde acordar reglas sobre el régimen de promociones de las y los empleados y funcionarios del Ministerio Público.
A lo largo del tiempo se han ido registrando en el ámbito del Ministerio Público bonaerense diferentes situaciones que evidencian el incumplimiento de las normas que regulan el derecho a la carrera judicial.
Ejemplo de ello es que se disponen promociones sin respetar el parámetro objetivo de la antigüedad en el cargo, omitiéndose fundamentar las razones por las cuales no se promueve el ascenso de personas con mayor cargo o que registraban mayor antigüedad en el mismo. A ello debe agregarse que tampoco se explicitan los criterios tenidos en cuenta para otorgar un ascenso ni se establecen mecanismos de información, control e intervención para que las y los trabajadores perjudicados puedan ejercer su derecho a realizar el correspondiente reclamo administrativo en los casos que consideren que se produjo una postergación.
A fin de garantizar el derecho a la carrera judicial de las y los empleados de los distintos agrupamientos, peritos y funcionarios del Ministerio Público, el pasado martes la AJB realizó una presentación dirigida al Procurador General Julio Conte Grand, en la que requirió la constitución de una mesa de trabajo conjunta a los fines de evaluar y acordar reglas sobre el régimen de promociones, como así también analizar problemas en la estructura de cargos que limitan la posibilidades de ascenso.
“Para erradicar la discrecionalidad, la arbitrariedad y la vulneración de derechos en los ascensos tanto de cargos administrativos como de funcionarios, es necesario establecer reglas claras que garanticen objetividad e igualdad de oportunidades, las que deben ser pactadas entre el empleador y el sindicato en el ámbito de la negociación colectiva”, manifestó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Asimismo, en la presentación realizada por el gremio judicial se hace referencia al conjunto de normas dictadas a los largo del tiempo por la Suprema Corte que establecen un piso mínimo de garantías para el ejercicio de derechos laborales relacionados con la carrera, tales como la fijación de preferencias en la cobertura de vacantes (Acuerdos 1503 y 1976), la regulación de procedimientos para los concursos (Acuerdo 2605), garantizar promociones en la carrera de las y los peritos (Acuerdo 3392), así como regular los mecanismos para dirimir litigios en caso de postergaciones en la carrera (Acuerdo 3576).
Así también se explicita que las normas mencionadas en su gran mayoría no están teniendo aplicación efectiva en el ámbito del Ministerio Público, ni tampoco se han establecido medidas que plasmen esas pautas generales fijadas para la totalidad del Poder Judicial en reglas objetivas de aplicación obligatoria en esa jurisdicción.
Con el objeto de garantizar el debido control sobre el cumplimiento del derecho a la carrera judicial, la AJB requirió a la Procuración General un informe de las propuestas de ascensos remitidas por las y los Fiscales y Defensores Generales departamentales pendientes de resolución, así como la remisión de las plantas de las y los empleados administrativos, personal de maestranza, choferes, mantenimiento, peritos y funcionarios de todas las dependencias del Ministerio Público de los veinte departamentos judiciales.
