Continúa el debate del proyecto presentado por legisladores del Frente de Todos para la promoción y fabricación de biocombustibles.
En el marco del debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que propone extender hasta 2030 un nuevo régimen de biocombustibles y reducir del 10% al 5% el corte obligatorio del gasoil con biodiesel, que actualmente está siendo trabajado en reuniones de comisión, legisladores de distintos partidos expresaron su postura sobre la iniciativa.
Por un lado, Jimena Latorre, del bloque de la UCR, aseguró que es necesario superar la discusión en términos binarios entre productores. “No tenemos que plantear una polarización entre hidrocarburos y productores de biocombustibles, que son un medio para el recambio de la matriz energética para cumplir con la reducción de impacto ambiental”, aseguró.
Mientras que María Rosa Martínez, diputada del Frente de Todos, destacó la amplitud de actores que están participando del debate. “Estamos escuchando las voces y las opiniones de todos los sectores para arribar a las leyes que se acerquen más a las necesidades laborales, de desarrollo y crecimiento”, expuso.
Tras 15 años de vigencia, la ley actual de Biocumbustibles vence el próximo 12 de mayo, por lo cual los legisladores deberán apurar el debate en ciernes.
El proyecto en discusión busca brindar de herramientas al Poder Ejecutivo para poder elevar el porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas.
En su artículo ocho, establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel del 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final.
La iniciativa fue firmada por 15 diputados e impulsada por el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, y propone una vigencia para el régimen hasta 2030. con posibilidad de ser prorrogado por cinco años, y establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía.
