En medio de los cruces entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las clases presenciales, el Ministerio Público porteño giró un dictamen a la Cámara de Apelaciones de esa ciudad a favor de la presencialidad en sintonía con la postura que mantiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
A partir de la medida adoptada por la fiscal Karina Chichero ante la Cámara de Apelaciones, la cuestión deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones.
“Entiendo que correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y disponer que la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril”, dictaminó la fiscal Chichero.
Chichero afirmó que “la Ciudad Autónoma cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción, que en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía (conf. art. 5 CN). Y tan evidente resulta que como derivación de esta potestad la Ciudad – y no la Nación – es competente para decidir sobre Página 24/25 estas cuestiones”.
En ese sintonía se había expresado esta mañana la ministra de Educación de la ciudad al expresar que el decreto presidencial que restringe el acceso a las escuelas hasta el 30 de abril “es injusta”.
Acuña dijo que “si la Justicia no da marcha atrás, el decreto es norma vigente y hay que cumplirla”, aunque pidió “un poco más de paciencia”.
