La Justicia estadounidense falló en contra del reclamo argentino del traslado del juicio a Buenos Aires. Con esto, el país se encamina a pagar US$·3.000 millones a los fondos “buitres”.
La jueza de Nueva York (EE.UU.) Loretta Preska falló en contra del reclamo argentino de trasladar a Buenos Aires el juicio por la reestatización de YPF en 2012, por lo que la causa se dimitirá en Estados Unidos. De acuerdo con la jurisprudencia que la magistrada viene aplicando, el caso tendría una resolución negativa para nuestro país y el dinero que Argentina debería liquidar a los demandantes podría subir hasta los US$ 3.000 millones.
La cifra es a partir de una demanda por el 49% de las acciones de una compañía que hoy vale, en el mejor de los casos, unos US$ 1.900 millones.
La jueza dictaminó además el próximo 19 de junio como la nueva fecha en la que las partes volverán a reunirse en su tribunal, y donde deberían procurar un acuerdo sobre la forma de liquidar el dinero. En n octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes, sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Mauricio Macri.
Se descarta que Argentina rechazará liquidar el dinero que se reclama y que se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantiza al país triunfar en la causa, pero le darán tiempo para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.
La causa se había iniciado por una demanda de Burford Capital en 2015. Este grupo compró la quiebra de las empresas que tenían una participación de 25% en YPF. Eran las empresas que habían pertenecido a la familia argentina Eskenazi antes de la reestatización.
Con la adquisición de esas firmas, Burford compró el derecho de litigar contra YPF y la Argentina. El juicio no es por la expropiación en sí, sino que es un pedido de compensación porque Burford considera que YPF no cumplió el estatuto, que dice que quien compre la mayoría de la empresa tiene que lanzar una oferta por el 100 % del capital. La participación que tenía la compañía Petersen en YPF era de 25%.
Burford reclama ahora más de US$ 3.000 millones, aunque la cifra llega hasta US$ 12.000 millones, según algunas versiones. A minutos de haberse conocido el fallo de Preska, las acciones de Burford en la bolsa de Londres comenzaron a subir hasta el 8%.
