El gobernador electo Axel Kicillof evalúa, junto al equipo que tendrá a su cargo la futura gestión en materia judicial, la posibilidad de impulsar un fuerte proceso de renovación de la Suprema Corte bonaerense, el organismo que en la provincia ?a diferencia de lo que ocurre en Nación- tiene a su cargo la administración de ese poder del Estado, además de algunas decisiones en carpeta que podrían afectar la marcha de la futura administración.
Por Andrés Lavaselli
El foco de las preocupaciones de Kicillof en la transición está puesto en los aspectos económicos y en ese marco, la cuestión judicial parecía haber quedado relegada: hasta ahora no hubo muchas definiciones públicas al respecto, más allá de un pedido de no avanzar con el nombramiento de jueces propuestos por María Eugenia Vidal y de un definición, en una entrevista con DIB, en la que hizo referencia a un “relanzamiento que implique volver a creer en la Justicia”.
Pero en las últimas semanas, a medida que se fue asentando la posibilidad de que Juan Martín Mena se transforme en el sucesor de Gustavo Ferrari en el ministerio de Justicia, los planes parecen haber comenzado a tomar una forma más definida, aunque todavía se mantienen en reserva. Y en ese marco, una de las definiciones tiene que ver con intentar dar una señal clara de renovación, que podría tener en el vértice del poder judicial un capítulo ejemplificador.
La idea, cerca de Kicillof, es la de una conversación negociada y razonable con los ministros para avanzar con la posibilidad de acelerar jubilaciones de algunos de los miembros del tribunal. En concreto, de tres o cuatro de ellos. Es una vía que, en principio, se basa en la negociación y las sugerencias a los ministros y que excluye cualquier idea de alentar juicios políticos, para lo cual, además, en nuevo oficialismo no tendría las mayorías necesarias.
Otro de los disuasivos para evitar la vía compulsiva tiene que ver con un antecedente nacional, que es clave: el recordado caso del juez Carlos Fayt, que murió el día después de que CFK dejara el poder, el 11 de diciembre de 2015, luego de resistir exitosamente los intentos por correrlo del cargo hasta septiembre de ese mismo año, pese a que había excedido largamente la edad tope de 75 años que fija de Constitución Nacional para ejercerlo.
En ese marco, las miradas están puestas en el ministro decano de la Corte, Héctor Negri, y en su par Luis Esteban Genoud. Contra lo que podría esperarse en una lectura superficial, el actual presidente del cuerpo (un cargo rotativo en la Provincia), Eduardo De Lázzari, aparece en la mismo nómina, pese al duro enfrentamiento que mantuvo con Vidal ?y con su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari-, una pelea que incluyó críticas públicas que fueron reivindicadas por CFK.
El juez Daniel Soria, otro de los ministros veteranos de la Corte provincial, podría integrar el mismo lote. Su situación es peculiar: su salida se mencionó en el mismo momento en que se retiró Juan Carlos Hitters ?luego reemplazado por Sergio Torres- pero finalmente no se produjo. Ahora, podría sumar la cuarta vacante, una situación que, de producirse, conduciría a una reconversión necesaria en la distribución de poder y las mayorías en el cuerpo, de siete miembros y que también integran Hilda Kogan Y Julio Pettigiani.
Uno de los datos que miran quienes están al tanto de la vida interna de la Corte es que los ministros mencionados cumplen, todos, con los requisitos mínimos para jubilarse (en provincia no hay edad límite) y que alguno de ellos, al menos, habría iniciado el trámite correspondiente. Ello hablaría de una disposición previa para acogerse al beneficio, que en su momento habría sido abortada, en medio de las tensiones de la Presidencia con Ferrari y Vidal.
Los perfiles políticos de los cuatro son variados. De Lázzari, que fue ministro de Seguridad de Eduardo Duhalde, tiene una alta formación técnica y vínculos políticos con el peronismo tradicional o territorial que perduran. Genoud, fue secretario de Seguridad también con Duhalde, pero fue propuesto para la Corte por Felipe Solá, y con él como gobernador desarrolló un fuerte poder interno, basado en esa interlocución política, que siguió cultivando con Daniel Scioli.
Soria, otro que fue propuesto por Solá, es famoso por su habilidad estratégica y su perfil ultrabajo, estuvo ligado históricamente a Julio Alak, que fue, además de intendente de La Plata, el último ministro de Justicia de CFK. Negri es quien mantiene el vínculo más distante con el peronismo: de hecho, suelen describirse sus simpatías hacia el radicalismo, que lo propuso para el cargo en 1983, a través del entonces gobernador Alejandro Armendariz.
Contexto complejo
Las tratativas con los jueces, si finalmente se dan, exigirán una delicada intervención. En la Corte existen varios expedientes importantes para el próximo gobierno, entre ellos una causa, interpuesta por un gremio, en la que se definirá si sigue vigente o se cae la reforma de la Caja Jubilatoria del Banco Provincia. De ser revertida, implicaría un alto costo financiero para el Estado.
En ese contexto, otra de las cuestiones judiciales que signarán el comienzo de la era Kicillof será el tratamiento de los pliegos de jueces y funcionarios de ese poder remitidos por Vidal. Cita DIB. Hasta ahora congelados, hay un principio de acuerdo para destrabarlos cuyo clave es que JpC cedería una de las sillas del Tribunal de Casación, para la que había propuesto a Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti.
Finalmente, la situación del procurador general, Julio Conte Grand, también es significativa: apuntado por un sector del Frente de Todos, que quiere que corra la misma suerte que su antecesora, María del Carmen Falbo, corrió con Vidal, cerca suyo aseguran que planea resistir. El nuevo oficialismo deberá conseguir dos tercios de los senadores para sacarlo con juicio político, un número que desde el 10 de diciembre no tendrá, ni de cerca.
