El Senado bonaerense aprobó hoy el nombramiento de cuatro nuevos miembros del Tribunal de Cuentas y cinco directores del Banco Provincia.
En sesión extraordinaria, la cámara alta terminó de sellar el acuerdo al que arribaron el oficialismo con el massismo, el kirchnerismo y el peronismo dialoguista, que la semana pasada derivó en la aprobación del Presupuesto, la Ley Impositiva y los permisos de endeudamiento.
En la sesión se aprobaron los pliegos de los cuatro vocales del organismo de control, que se encontraba sin quórum desde principios de este año tras la renuncia con fines jubilatorios de dos miembros y el fallecimiento de otro. A eso se le suma la renuncia (también por jubilación) del último vocal que quedaba Miguel Tellechea, que fue aceptada antes de la votación de los pliegos.
De este modo, fueron nombrados en el Tribunal los oficialistas Ariel Petrovane (exsubsecretario de Finanzas de Lanús) y Gustavo Diez, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF). En tanto, el massismo suma al exsecretario de Ingresos Públicos de Tigre, Daniel Chillo, cercano al alcalde del distrito, Julio Zamora. Y el peronismo “dialoguista” nombró a Juan Pablo Peredo, un exfuncionario de Fogaba y Loterías, que llega de la mano de Martín Insaurralde.
En tanto, para el directorio del Bapro se votó la continuidad del massista Mario Meoni y del radical Diego Rodrigo. También se sumarán a la institución, por el Frente Renovador, el exsenador Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa.
En tanto, el peronismo “dialoguista” tendrá en la institución dos representantes: la extitular de la bancada kirchnerista en Diputados, Juliana Di Tullio (de relación estrecha con Cristina Kirchner), y Humberto Andrés Vivaldo, actual secretario de Hacienda del municipio de Almirante Brown, conducido por Mariano Cascallares.
De este modo, Unidad Ciudadana suma un representante de la “línea dura” al Bapro, lo que termina de confirmar la estrategia conjunta que llevaron adelante el peronismo de los intendentes y el kirchnerismo en el tratamiento del Presupuesto, pese a que votaron de forma diferente.
El acuerdo incluyó un “pacto de no agresión”, merced al cual cada espacio hizo su juego, aunque manteniendo un acuerdo macro en torno al diálogo con el Ejecutivo para asegurar el tratamiento de los expedientes.
