El vicepresidente II de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, participó junto a su bloque del Frente Renovador de una reunión con representantes de la actividad hípica en la provincia de Buenos Aires quienes se expresaron sobre la nueva Ley de Turf que envió el Ejecutivo provincial a la Legislatura.
Trabajadores de la industria del turf, veterinarios, empresarios, jockeys y gremios de los hipódromos de La Plata, Palermo y San Isidro, estuvieron representados en la mesa de discusión sobre la nueva Ley de Turf que envió y detallaron el daño que le genera a la actividad en la provincia de Buenos Aires.
“Soy muy consciente lo que significa todo el trabajo alrededor de los cuidadores y los criadores de caballos y considero que una medida que ponga en riesgo sus fuentes de trabajo, requiere que los legisladores los escuchemos y tratemos de frenar cualquier intento que avance sobre su realidad económica en tiempos tan difíciles”, aseguró el diputado Ramiro Gutiérrez.
Junto al diputado de Dolores, estuvieron los legisladores del Frente Renovador José Luis Pallares y Rubén Eslaiman (presidentes de bloque), Jorge D’Onofrio, Fernando Carballo, Pablo Garate, y los diputados del bloque PJ Unidad y Renovación, Guillermo Escudero y Juan Manuel Cheppi, donde fueron informados sobre la problemática que se generaría en el sector si la Ley que propone el gobierno de María Eugenia Vidal sale tal cual fue votada por el oficialismo en el Senado. Más de una docena de trabajadores de la actividad se hicieron presentes, entre ellos, médicos veterinarios, talabarteros, empresarios y gremialistas de los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.
Sobre el daño que generaría esta ley, todo el Frente Renovador se comprometió en cuidar las fuentes de trabajo del sector hípico. Vale la pena remarcar que la actividad del Turf tiene hoy 80 mil trabajadores en forma directa, y más de 350 mil personas que dependen de dicha industria de manera indirecta, siendo una fuente de trabajo similar a cualquier empresa importante del país. Tal es así, que aporta impuestos por más de $700 millones por año al Gobierno provincial. Si se tiene en cuenta que la compensación es de $1000 millones, la discusión está planteada por solamente $300 millones.
