“Muchos de los elementos solicitados tienen en algunos casos hasta 70 años de antigüedad, algunos han sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial, otros en la guerra de Vietnam, en la guerra de Malvinas y en la del Golfo Pérsico”, advirtió la legisladora.
Y continuó: “Sorprende la determinación del Gobierno de pagar una cifra superior a los 2.000 millones de dólares por material bélico, mientras ha implementado severos ajustes para restringir el gasto público”.
García Larraburu consideró que es “confuso” que “sean las Fuerzas Armadas las destinatarias de semejante adquisición”, ya que “la protección contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado son funciones de las Fuerzas de Seguridad, conforme lo establece la Ley de Seguridad Interior”.
