El ordenamiento abarcará también a los 37.000 inmuebles que pertenecen a distintos organismos del Estado nacional. El proceso permitirá reducir el gasto público y mejorar la competitividad del conjunto de la economía, según un documento de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En cuanto a los inmuebles propios, se centralizó el control en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y en el caso de las concesiones al sector privado se regularizaron los contratos -que en un 90% estaban vencidos a comienzos de 2016- y se actualizaron los cánones con un promedio de aumento de 327%.
A fin de “generar valor económico y social” en las empresas y sociedades del Estado, la Secretaría de Coordinación Interministerial de la JGM planificó “políticas de gestión y buen gobierno comunes e implementó procesos de seguimiento para su cumplimiento, dice el documento oficial.
Particularmente, explica, “en lo que refiere a la definición, aprobación y control de los planes de acción, de sus presupuestos y de las correspondientes métricas de medición del desempeño”.
Se creó además el Consejo de Supervisión Estratégica con el objetivo de facilitar el control del desempeño de las empresas en las que el Estado nacional tiene participación accionaria.
La nueva instancia está formada los ministerios de Hacienda, Finanzas, Energía y Minería, Transporte, Comunicaciones, Defensa y Producción; las secretarías de Coordinación de Políticas Públicas y de Coordinación Interministerial; y dos representantes independientes.
La función del Consejo, que se reúne dos veces por mes, consiste en: aprobar los grandes lineamientos y normas específicas para el gobierno de las empresas; fijar la estrategia general para el portafolio y grandes transacciones; y designar, evaluar y remover los directorios de las empresas.
La Jefatura de Gabinete comenzó asimismo a implementar estándares de distintos países y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la gestión de las empresas de capital público.
El plan de acción cuatrienal de la AABE, en tanto, se orienta hacia el reordenamiento de inmuebles con vistas a “sanear el patrimonio del Estado nacional; regularizar situaciones jurídicas y dominiales; y mejorar el servicio que brinda la Administración Pública Nacional mediante la modernización de sus oficinas y espacios”.
Entre los avances ya registrados figura el desarrollo de una plataforma informática y la actualización del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (Renabe), que cuenta ahora con “una calidad de datos muy superior a la preexistente”.
Otra línea de trabajo iniciada fue la de “detección y acondicionamiento de inmuebles que se consideró conveniente vender, teniendo en cuenta su valor, estado edilicio, uso o ubicación”.
Fueron identificados así inmuebles en “estado deplorable”, cuya conservación en condiciones aptas para el uso implica “una erogación muy alta para el Tesoro nacional”.
En otros casos se detectó que el uso o destino del inmueble respectivo “no está relacionado con las funciones propias de un Estado, como sucede con establecimientos bailables o canchas de fútbol, y no son de valor histórico”.
En esos casos se decidió su venta “con el objeto de regularizar la situación y a la vez eliminar erogaciones innecesarias”, concluye el documento de la Jefatura de Gabinete.
