El juez federal Claudio Bonadio clausuró este miércoles la investigación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta defraudación a la administración pública a través de la operatoria con dólar futuro y envió el expediente al fiscal para que decida si requiere su elevación a juicio oral y público.
El fiscal Eduardo Taiano deberá decidir en los próximos días si solicita que la causa por la que también fueron procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli pase, o todavía no, a la instancia de debate oral y público, informaron fuentes judiciales.
A fines de noviembre, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, había solicitado la activación de los procedimientos para una rápida elevación a juicio y había asegurado que se trataba de una “caso débil” en el que se le estaba denegando la justicia a su defendida.
El juez Bonadio procesó a la ex presidenta por “defraudación a la administración pública” en el marco de la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015, al final del tercer mandato kirchnerista.
En el fallo que emitió el 13 de mayo, el magistrado que juzgó de ilícita una decisión de política monetaria ejercida por el gobierno anterior también procesó al ex ministro de Economía Kicillof y a Vanoli, entre otros ex funcionarios.
“Al momento mismo de realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno”, sostuvo Bonadio en el fallo en el que sostuvo que la decisión política de la entonces presidenta le generó perdidas al Estado.
La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.
Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15.
Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadio la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.
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