La Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación enviaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que contradicen un texto del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dependiente de ese organismo.
Agrega que “ante el pedido de información del grupo de trabajo de la ONU, el gobierno nacional envió esas inquietudes al Superior Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación y a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy”.
La cancillería y la secretaría de Derechos Humanos informa que enviaron a la CIDH “un exhaustivo informe elaborado en base a la información provista por organismos pertinentes de la provincia de Jujuy”.
“De allí se desprende que es incorrecta la interpretación acerca de la continuidad irrestricta en prisión de la señora Sala, dado que la Fiscalía General de la Acusación de Jujuy ha instruido a los fiscales actuantes en las causas a que les soliciten a los jueces a cargo un análisis crítico de la situación, a fin de ratificar o revisar las órdenes de prisión preventiva dictadas contra Milagro Sala y examinen exhaustivamente si se modificaron o persisten los presupuestos y situaciones que llevaron en su oportunidad a postular la adopción de dichas cautelas a la libertad ambulatoria de la Sra. Sala”, añade el informe.
El informe recuerda que “el propio Gobernador de la Provincia de Jujuy (Gerardo Morales), mediante un decreto (Dec. 2467), instruyó al Fiscal de Estado (órgano exclusivo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo de Jujuy) en las causas de corrupción contra Milagro Sala en las que actúa como querellante y que fueron alcanzadas por la Opinión 31/16 del GTDA, a efectuar presentaciones ante los jueces, tribunales y fiscalías intervinientes, dando cuenta de la existencia de dicha Opinión, a los fines de que los jueces intervinientes la consideren en el marco de dichas causas judiciales”.
Por último, el texto asevera que “es la justicia de la provincia de Jujuy la que deberá resolver dichos pedidos”.
