El Servicio Penitenciario Bonaerense ordenó detener a dos oficiales en el marco de una investigación por la denuncia de la venta de armas y estupefacientes en el interior de la Unidad carcelaria 37, ubicada en la localidad de Barker.
A principios de febrero, una abogada presentó un pedido de habeas corpus para 62 internos de ese establecimiento penitenciario por irregularidades y violación de Derechos Humanos que motivó posteriormente a Amnistía Internacional, a lanzar una “acción urgente” a favor de esos reclusos.
Entre los hechos que se investigan a partir de las denuncias realizadas, se menciona que “el personal penitenciario habilita ‘zona liberada’ con portación de armas blancas en el espacio que los internos reciben a su visita”, y que los presos están “amenazados al silencio de estas prácticas ilegales bajo sanción de traslado o represalias aún peores que atentan contra su integridad física y psíquica”.
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