domingo, diciembre 4, 2022





Complicidad política y policial en una causa elevada a juicio oral por comercialización de estupefacientes

El Juez Federal de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla dictó esa resolución el pasado lunes. Los hechos ocurrieron en Pinamar y sus alrededores, siendo uno de los imputados un ex candidato a Intendente, quien está acusado de encubrir a la banda.

El pasado lunes el Juez Federal de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla, dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral la causa que se le sigue a miembros de una banda que comercializaba estupefacientes en Pinamar, como también a un conocido político local al que se le imputa haber encubierto la actividad ilícita de la organización.

Los detalles de la complicidad política y policial los indicó el propio Juez Ramos Padilla al dictar el procesamiento de los involucrados.

Allí el Magistrado precisaba que la banda en forma habitual, coordinada y de acuerdo a roles diferentes, tenía como fin lucrar con la comercialización de estupefacientes en la localidad de Pinamar y sus alrededores. Que la organización distribuía ese material estupefaciente en forma reiterada a distintos consumidores, adquiriéndolos a un proveedor de Mar del Plata.

Señaló entonces el Juez, que en el expediente aparecían diversos elementos de prueba “que hablan de una suerte de complicidad política y policial, que no sólo les otorgaría cobertura a los imputados para realizar las actividades ilícitas investigadas, sino que incluso tendrían la entidad suficiente para afectar esta propia investigación”.

Para sostener esto el Juez además de considerar otros elementos, tuvo en cuenta el reconocimiento que habían hecho Reinaldo Rosa Ramos (el padre) y Leandro Rosa (hijo) de haber actuado durante años para la policía de Pinamar, en especial para la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con sede en Mar del Tuyú, “no sólo aportando información… para llevar adelante la gran mayoría de los procedimientos por droga que se efectuaron…, sino también para realizar lo que vendrían a ser tareas investigativas de campo, como una suerte de “agentes encubiertos” no previsto en la ley”.

Por entonces decía el Juez que emergían muchas dudas, sobre la razón por la cual los dos máximos responsables de la organización, Rosa padre y su hijo, se habían transformado en “buches” o “informantes crónicos” de la policía, en esa suerte de “agentes encubiertos”, al punto tal que según uno de los imputados al ser indagado, dijo que la mayoría de los casos que fueron investigados por la Delegación de Narcotráfico se basaba en información por ellos suministrada.

Decía el Juez Ramos Padilla también, que al no poder dar una respuesta a ese interrogante de la actividad de los imputados, resultaba posible pensar que a cambio de esas “labores” se le permitía a la banda actuar con cobertura o impunidad, circunstancia que se reforzaba al analizar la participación de un dirigente político local, quien alertaba a los jefes de la organización cuando se habrían de realizar en la localidad procedimientos policiales relacionados con narcotráfico.

El Dr. Ramos Padilla reiteró esa hipótesis en la elevación de la causa a juicio, precisando sobre el encubrimiento político y policial, que los mismos tenían entidad suficiente como para afectar la investigación.

Sobre la participación de los imputados en la actividad ilícita, el Juez resaltó que Reinaldo Rosa Ramos, con domicilio en Pinamar, en la organización delictiva no tenía solo el rol de comercializar estupefacientes a consumidores finales, “sino que, principalmente, a través de sus contactos políticos y policiales, le otorgaba cobertura e impunidad a la organización de la cual obtenía réditos económicos”.

“Reinaldo Rosa Ramos ha confesado haber sido colaborador activo de la policía” resaltó el Juez, sin que explicara cuáles eran los motivos o los beneficios que obtenían por ofrecer este servicio a las fuerzas de seguridad, razón por la cual para el Magistrado cabría presumir, “que esos favores se podrían haber efectivizado a cambio de otros, en particular, para obtener impunidad o cobertura en su propio accionar criminal”.

Indicó Ramos Padilla en la resolución, que la única explicación que intentó el imputado fue decir que lo hacía “para no tener a la policía en contra”, precisando el Juez al respecto, que “ninguna persona con actividades licitas podría aparecer necesitada del amparo y la protección policial”.

Que tampoco se podía pasar por alto el material estupefaciente secuestrado en su domicilio, como los dichos de Rosa Ramos, ratificados por el hijo, que dan cuenta “que altos funcionarios policiales iban a su vivienda particular para que se les proveyera de cocaína”.

También recordó el Dr. Ramos Padilla lo manifestado por un testigo de identidad reservada, quien entre otras cuestiones dijo “que Reinaldo Rosa Ramos y Leandro Ramos eran como los dueños de la Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, si no se estaba de acuerdo con ellos mandaban a la policía de las Comisarías locales de cualquiera de las tres jurisdicciones”.

Asimismo indicó, que del entrecruzamiento de llamadas habían surgido una gran cantidad de comunicaciones entre Reinaldo Rosa Ramos y abonados registrados a nombre de la Municipalidad de Pinamar. Con Jorge Antonio Liberanome, “funcionario local y ex candidato a intendente de dicha ciudad”, quien puntualmente está procesado en estas actuaciones por el delito de “encubrimiento”, al haberse corroborado a través de las escuchas telefónicas la colaboración que éste brindada a la actividad ilícita de la organización al aportar información sobre futuros procedimientos policiales vinculados con el narcotráfico.

“Se ha comprobado con el grado de sospecha suficiente que requiere este estadio procesal” puntualizó el Juez, que Reinaldo Rosa Ramos (53 años), su hijo Edgar Leandro Rosa (29 años), Mariano Gastón Loaldi (33 años), José Alfredo Olguín (“Pino”, 32 años), Leandro Emanuel González (“Ema”, 27 años), poseían conocimiento efectivo y dedicación al comercio ilegal de estupefacientes, imputándoles en calidad de autores ese delito “agravado por la circunstancia que fue cometido con intervención de tres o más personas”; A Conrado Loaldi (59 años) le imputó el mismo delito en calidad de partícipe primario; Y a Jorge Antonio Liberanome (49 años), el de autor el delito de “encubrimiento, con el agravante que el hecho precedente es un delito especialmente grave”, elevando el Dr. Ramos Padilla las actuaciones al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde se sustanciará el respectivo juicio oral.

Fuente: Compromiso

http://www.compromisodigital.com.ar/?p=verNoticia&idNoticia=27179

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